Hace diez años, un grupo de ciudadanos exigió al presidente de la República que explicara la composición y destino de la llamada “partida secreta.” La partida secreta era un generoso componente del presupuesto del que sólo se conocía el monto total, pero que podía administrarse con casi absoluta discrecionalidad.
Los ciudadanos decidieron concentrar sus demandas en el presidente, porque es el primer responsable del ejercicio del presupuesto, pero también porque en los noventa el Congreso todavía no gozaba de la pluralidad política que tiene ahora. Pero tras una década de exigencia social sobre la necesaria transparencia de los recursos públicos, los esfuerzos se siguen concentrado en el Ejecutivo Federal y poco se ha avanzado en esta materia en el Poder Legislativo.
Hoy es prácticamente imposible saber con exactitud cuánto gana cada uno de los legisladores del país, o qué parte de su ingreso deben entregar a sus partidos. Hoy no sabemos con certeza el alcance de sus exenciones fiscales o de sus prestaciones, o los criterios con que los líderes de los grupos parlamentarios reparten los ingresos adicionales entre su bancada.
Mucho más difícil es conocer si los legisladores son socios activos, consejeros o miembros de empresas, sindicatos u organizaciones que se benefician directamente con las leyes que promueven.
El mismo Congreso que impulsó leyes de transparencia y acceso a la información, hoy tiene el reto de abrirse al escrutinio de la ciudadanía. Ha llegado el momento de que diputados y senadores expliquen la manera en que se administran los recursos asignados al Congreso, y que vivan en concordancia con la legislación que aprueban.
Necesitamos un Congreso que pueda mirar de frente y a los ojos a la nación que lo elige y que a través de éste se representa a sí misma.
Eduardo B.
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