16 de agosto de 2010

Estado laico, nos protege a todos

En nuestro sistema jurídico, la Suprema Corte cumple con el papel de establecer si una nueva ley vulnera o confirma los derechos y garantías previstas en nuestra Constitución. Como tal, la corte verifica que lo aprobado, por ejemplo, por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, no vaya en contra de lo que describe como derechos y obligaciones nuestra carta magna. En el caso de los matrimonios entre personas del mismo sexo, la corte no ha hecho sino decidir si lo descrito por la ley capitalina está dentro de lo que ya protege nuestra constitución o si afecta algún derecho de los mexicanos.

Tras revisar lo que la Constitución establece, la Suprema Corte definió que lo planteado por la ley aprobada en el Distrito Federal no va en contra de lo establecido por nuestra constitución y por tanto que tiene plena vigencia en todo el territorio nacional. El matrimonio entre personas del mismo sexo seguirá siendo un asunto polémico, propio de muchas sobremesas e interpretaciones, pero en términos jurídicos no vulnera derecho u obligación alguna, y por tanto no es anticonstitucional.

Lo que ha hecho la Suprema Corte es establecer lo que cualquier Estado laico garantiza: que mientras una ley no lastime los derechos de otros, y no vaya en contra de lo que dicta la Constitución, esa ley está protegiendo los derechos de todos los mexicanos. El Estado laico protege el derecho de cada uno de nosotros a elegir nuestras creencias, valores morales o religión, en un marco respetuoso de nuestras libertades comunes.

Es por eso que nuestra ley protege a quienes fuimos educados como católicos o a quienes profesan una religión distinta a la nuestra. Sólo en un Estado laico, los cardenales pueden expresar libremente sus ideas tanto como los representantes de cualquier partido político.

En México, el derecho de una familia a educar en valores católicos está protegido por el Estado laico; pero también, como lo ha establecido hoy la Suprema Corte, el derecho de un matrimonio entre personas del mismo sexo, a contar con toda la protección legal del Estado mexicano.

Eduardo B.

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